Un grupo de más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de todo el país, entre ellos de las universidades nacionales del Litoral y Rosario, y de unidades de investigación santafesinos bajo la órbita del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), difundió una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores nacionales en la que expresa su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento en el Senado.
Una copia de la carta fue enviada a los senadores Marcelo Néstor Lewandowski, Eduardo Horacio Galaretto y Carolina Losada. Los firmantes sostienen que la iniciativa establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas globales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología o compromisos con el desarrollo nacional.
Las firmas santafesinas de esta carta nacional provienen de las facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, y de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, como también de unidades de investigación locales bajo la órbita del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La carta de la comunidad científica y tecnológica también cuenta con la adhesión de referentes de esas áreas provenientes de otros sectores, como la Asamblea Lesbotransfeminista, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Área Ecología Integral), el Equipo Transiciones, Taller Ecologista, El Paraná No Se Toca, Tramatierra, el Fondo de Mujeres del Sur, el Movimiento Alternativa, el Movimiento Evita, el Ojo Paritario, la Red Trans y la multisectorial Multipalabras-Ni Una Menos.
Según la carta, el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera” y advierte que sus efectos se profundizarían al combinarse con otra propuesta actualmente en debate: el reconocimiento de personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial. A criterio de los autores, ambas iniciativas podrían configurar un marco legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control democrático ni responsabilidades claramente definidas.
El documento también cuestiona el alcance de los incentivos fiscales previstos, al señalar que la evidencia internacional indica que las exenciones impositivas no constituyen el principal factor para definir la localización de centros de datos. Otro de los puntos planteados es el impacto ambiental potencial de estas inversiones. Los firmantes advierten que infraestructuras de gran escala vinculadas a la inteligencia artificial demandan elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua, por lo que consideran necesario establecer regulaciones estrictas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono, especialmente en un contexto de crisis climática y estrés hídrico.
Asimismo, la carta sostiene que la cesión de competencias regulatorias en sectores estratégicos podría limitar la capacidad futura del Estado para definir políticas públicas. Los firmantes también señalan una contradicción entre la promoción de beneficios extraordinarios para grandes empresas tecnológicas extranjeras y la situación que atraviesa el sistema científico nacional, como el desfinanciamiento del CONICET, la reducción de recursos para las universidades y la pérdida de capital humano especializado debilitan las posibilidades de construir una estrategia de desarrollo tecnológico con capacidades propias.
Finalmente, la carta hace un llamado al Senado para que evalúe el proyecto considerando sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su propio modelo de desarrollo. Los autores concluyen que la Argentina necesita inversión y desarrollar nuevas tecnologías, pero sostienen que ese objetivo no debe implicar la renuncia permanente a herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.
