Conflicto de interés: ¿Quién vota y quién vende? ONGs exigen al Senado que el senador Joaquín Benegas Lynch se abstenga en la votación por ser dueño de una empresa que gestiona ventas de tierras a extranjeros. 

Enmascarando la verdadera ley de Tierras: un capítulo menos, pero se sostienen los mismos riesgos. Siguen en discusión los capítulos del proyecto que habilitan desalojos, cambian el régimen de expropiaciones y desmantelan la Ley del Manejo del Fuego. Mientras, el Senado no tiene los votos para dictaminar Súper RIGI un proyecto que
compromete la seguridad, la soberanía y los recursos estratégicos del país. 

Organizaciones redoblan el llamado al Senado para frenar el paquete legislativo sobre tierras y grandes inversiones. El colectivo de las organizaciones de la sociedad civil advirtió que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, que se trata hoy en el Senado, sigue presentando graves fallas jurídicas: la propuesta de reforma de la Ley de
Manejo del Fuego se mantiene en el borrador y en el temario del Senado dentro de este
proyecto de ley.

Aunque el oficialismo retiró el capítulo de la Ley de Tierras, respondiendo a la enorme presión y rechazo de la sociedad en su conjunto, y por falta de votos, el debate sobre el uso y la venta de tierras incendiadas sigue activo y las organizaciones de la sociedad civil advirtieron a los senadores que votar esta ley, tal como se encuentra en el actual borrador, seguirá violando la soberanía territorial del país.

Florencia Gomez, ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales y directora de relaciones institucionales del CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo), dijo: “Exigimos que Patricia Bullrich retire todo el Proyecto por escrito, sino la convocatoria sigue en pie. No les creemos pues vienen haciendo libres interpretaciones sobre el reglamento del Parlamento. No se dan cuenta de que los que amamos la Argentina somos muchos, es transversal a todas clases sociales y orientaciones políticas. Los argentinos estamos en contra de la extranjerización de la tierra y vamos a defender la Patria en las calles”.

Asimismo, en una carta dirigida al Senado, las organizaciones exigieron que no se le permita al senador Joaquín Benegas Lynch votar la ley de Inviolabilidad de propiedad privada por ser el titular de una empresa que gestiona ventas de tierras a extranjeros. La carta será elevada a las autoridades de la Cámara Alta del Congreso en la mañana de este jueves.

Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), una de las ONGs firmantes del pedido, dijo: “Sacaron el capítulo sobre la Ley de Tierras, pero dejaron la reforma de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar negocios inmobiliarios sobre tierras incendiadas. Esto no es casual, el senador Joaquín Benegas Lynch (LLA) es fundador de la inmobiliaria Glocal Terra, que comercializa tierras argentinas a extranjeros, es un escándalo que el Senado vote una ley que beneficia directamente el negocio libertario. Bajo el eufemismo de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, se profundiza la entrega de la soberanía sobre nuestro territorio, por eso este proyecto debe ser rechazado.”

Por otra parte, luego de la falta de votos para aprobar el dictamen favorable al proyecto del Súper RIGI en el Senado, las organizaciones de la sociedad civil reafirmaron su llamado a los senadores para hacer una pausa en el avance de una iniciativa que consideran inseparable del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y que, en conjunto, modifica las reglas sobre el acceso a la tierra, las inversiones estratégicas y las capacidades regulatorias del Estado. Asimismo, han reiterado un llamado a una audiencia pública para debatir el Super RIGI.

En ese sentido Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras, destacó que “el debate de fondo que hay que dar en torno a Súper RIGI es la imposición de un régimen hecho a medida de las grandes corporaciones extranjeras para que tengan disponibilidad de bienes sin hacer ninguna inversión que redunde en más empleos, desarrollo científico o en la incorporación Argentina a las cadenas de valor globales, dejando a los gobiernos sin herramientas para defender las mínimas condiciones de acceso de argentinos y argentinas”.

Mirko Moskat, del Taller Ecologista, dijo sobre el tratamiento en comisiones del Súper RIGI: “Lo que nos quieren vender con el Súper RIGI no es progreso. Es la entrega de bienes comunes estratégicos de Argentina para proyectos que poco o nada positivo van a dejar para el país. La tierra, el agua y la energía son el sostén de nuestras sociedades. Ponerlos en riesgo por 30 años, como se quiere hacer, es condenar las perspectivas del país y de todos nosotros”.

Las organizaciones convocaron a los senadores a evaluar las consecuencias institucionales, federales y territoriales de ambos proyectos y reiteraron su pedido de rechazo integral para evitar que “dos piezas de una misma arquitectura legislativa” entren en vigencia de manera complementaria.

En esa línea, Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), destacó que “el descontento generalizado que generó el capítulo vinculado a la extranjerización de la tierra evidencia que al igual que en el debate sobre la reforma regresiva de la Ley de Glaciares de muestra la necesidad de que los asuntos vinculados al Ordenamiento Ambiental del Territorio sigan procesos genuinos de participación ciudadana democrática y en el marco del Acuerdo de Escazú”.