Un conjunto de organizaciones, movimientos y colectivos socioambientales manifestaron un fuerte repudio frente a la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la adjudicación a la empresa belga Jan De Nul, de la nueva concesión de la Vía Navegable del Río Paraná, mal llamada “Hidrovía”. Advirtieron sobre las irregularidades en el proceso licitatorio, la falta de garantías en torno a la Evaluación de Impacto Ambiental y las limitaciones en la participación real de la ciudadanía. “La verdadera soberanía sobre el Paraná sólo puede construirse a partir de la transparencia, el control público, el conocimiento científico independiente y la participación efectiva de las comunidades que habitan los territorios”, señalaron.

La reciente adjudicación se concreta en un contexto preocupante, estando en conocimiento de las serias irregularidades en el procedimiento licitatorio advertido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, incluyendo incumplimientos vinculados al acceso a la información ambiental, limitaciones a la participación ciudadana efectiva, deficiencias en la documentación licitatoria y la ausencia de un adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

“Resulta de gravedad avanzar con una concesión de largo plazo -25 años- sobre una infraestructura estratégica para el país sin contar previamente con una Evaluación Ambiental Estratégica e Integral que permita comprender los impactos acumulativos, indirectos e interjurisdiccionales que casi tres décadas de dragado, profundización y expansión portuaria ya han generado sobre los ríos Paraná y de la Plata, sus humedales y las comunidades que habitan estos territorios”, destacaron las organizaciones.

Esta demanda no es nueva, ha sido planteada colectivamente en numerosas instancias de participación pública, como ante el Consejo Federal Hidrovía en 2021 y en el Recurso de Amparo presentado por las organizaciones (Tramas Derecho en Movimiento; Capibara; Ambiente, Derecho y Sociedad; Movimiento por el Agua (MOPEA); Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente; Centro de protección a la Naturaleza ONG; Foro por la Recuperación del Paraná; Comunidad Indígena Mocoví “Noagué Noa Nonot’i”; Comunidad Indígena Mocoví “So Icolaq” y Cooperativa de Trabajo Cuidadores de la Casa Común) ante el Juzgado Federal de Santa Fe, en un principio rechazado, pero hoy en vías de resolución vía apelación ante la Cámara Federal de Rosario.

“A lo largo de casi 30 años hemos advertido que los estudios presentados giraron en torno a la profundización y ampliación de la vía navegable, y se concentraron en los beneficios económicos y logísticos del modelo agroexportador, minimizando el análisis de los impactos sobre los ecosistemas fluviales, los humedales, la biodiversidad, la pesca artesanal y las comunidades ribereñas”, agregaron.

La presente concesión proyecta nuevas profundizaciones en distintos tramos de la vía navegable, incluyendo la ampliación de la profundidad del canal navegable hasta 42 pies en el tramo Timbúes–Río de la Plata. “Se trata de la consolidación de un modelo de intervención permanente sobre uno de los sistemas fluviales más importantes de América del Sur, orientado a la circulación de buques interoceánicos de mayor porte y al incremento de las exportaciones. La magnitud y duración de esta decisión compromete el futuro del Paraná más allá de los ciclos políticos actuales y condicionarán más aún la dinámica del río, sus ecosistemas y comunidades, presentes y futuras”, subrayaron.

Dentro de la generalizada preocupación, destacaron los antecedentes de la empresa beneficiaria Jan De Nul y de la concesión histórica de la Vía Navegable Troncal: “Desde los primeros años de ejecución del contrato, distintos informes de la Auditoría General de la Nación advirtieron serias deficiencias en los mecanismos de control estatal sobre las actividades desarrolladas por la concesionaria. Las observaciones alcanzaban aspectos técnicos, administrativos y ambientales”, destacaron.

Según las revisiones realizadas sobre los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay–Paraná, el órgano de control previsto para supervisar la concesión nunca llegó a consolidarse en los términos originalmente establecidos, generando una situación en la cual el seguimiento de las obras y de sus impactos ambientales quedó condicionado por estructuras institucionales insuficientes y por información producida o suministrada por la propia concesionaria.

“Lejos de promover una evaluación pública, independiente y participativa de estos antecedentes antes de avanzar con una nueva adjudicación, el Estado decidió volver a confiar la gestión de esta infraestructura estratégica a la misma empresa que fue protagonista central del esquema concesionado durante las últimas décadas”, manifestaron.

El grupo de organizaciones también observó que no puede hablarse de una “nueva etapa” cuando se reproducen los mismos actores empresariales, se omiten las evaluaciones integrales reclamadas por la sociedad y se desatienden tanto las observaciones históricas de los organismos de control. Asimismo, rechazaron que se dé por cumplido el derecho a la participación ciudadana mediante mecanismos meramente formales, ya que el acceso a la información ambiental, la participación temprana y efectiva de la ciudadanía y la transparencia de los procesos de toma de decisiones “constituyen obligaciones legales derivadas de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú”.

“Estos estándares no han sido garantizados adecuadamente en el proceso licitatorio. Los déficits en materia de participación pública quedaron particularmente expuestos durante la audiencia pública convocada en noviembre de 2025 para considerar el denominado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal. Cuestionamos la legitimidad de esa instancia, señalando que no se encontraba disponible un Estudio de Impacto Ambiental integral, que las intervenciones de dragado ya se encontraban en ejecución y que la información puesta a disposición de la ciudadanía resultaba insuficiente, fragmentaria y de difícil acceso. A pesar de las valiosas presentaciones, en abrumadora mayoría contraria al proyecto, esta “audiencia pública” fue una pantomima concebida para convalidar administrativamente decisiones previamente adoptadas.

Hablemos de soberanía

“Esta nueva concesión reabre un debate fundamental sobre la soberanía. No sólo sobre quién administra y controla una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino, sino también sobre qué modelo de gestión se construye para nuestros ríos y territorios”, afirmaron.

“Luchar por el ejercicio de la soberanía nacional implica también la defensa de la soberanía ambiental; es decir, la capacidad de la sociedad de participar y decidir decidir democráticamente sobre el uso de sus bienes naturales, proteger los ecosistemas que sostienen la vida y garantizar que las decisiones sobre el presente y el futuro de los ríos respondan al interés público y no exclusivamente a las demandas de los grandes actores agroexportadores transnacionalizados”, argumentaron, haciendo mención a la experiencia “Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y  la Soberanía” mediante la que se puso una vez más en la agenda pública la necesidad de recuperar una mirada integral sobre el río Paraná.

“La verdadera soberanía sobre el Paraná sólo puede construirse a partir de la transparencia, el control público, el conocimiento científico independiente y la participación efectiva de las comunidades que habitan los  territorios. No existe soberanía posible sobre un río degradado ni sobre decisiones adoptadas sin debate democrático. La defensa del Paraná es, al mismo tiempo, una defensa de la democracia ambiental y de la soberanía de nuestros pueblos sobre sus bienes comunes”, sostuvieron con contundencia.

Por todo esto, colectivamente exigen la revisión integral del proceso, la realización de evaluaciones ambientales estratégicas e independientes, la plena vigencia de los derechos de acceso a la información y participación pública, y la construcción de una política para el río Paraná que priorice la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades por sobre los intereses económicos de actores concentrados.

Foto: Eduardo Bodiño