El sábado 7 de agosto, activistas comunitarios de La Leonesa, una pequeña localidad situada en una zona de producción de arroz en gran escala en el departamento argentino de Chaco, se disponían a una charla que tenía previsto pronunciar el profesor Andrés Carrasco, científico y doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Una delegación integrada por dos diputados provinciales, un ex funcionario público y miembros de la comunidad vecina de Resistencia viajaron también a La Leonesa para asistir a la charla. La investigación del profesor Andrés Carrasco, concluida en 2009, ponía de relieve los efectos negativos del glifosato, una sustancia agroquímica que se utiliza habitualmente, sobre los embriones.
Al llegar a La Leonesa, hacia las 4 de la tarde, la delegación se dirigió a la escuela, donde debía tener lugar la charla. Sin embargo, la charla fue suspendida porque la delegación fue atacada por un grupo de unas 100 personas, que amenazaron y golpearon a sus integrantes. Una persona ha sufrido después parálisis de la parte inferior del cuerpo tras haber sido golpeada en la columna vertebral, y otra se está sometiendo a exámenes neurológicos tras haber recibido golpes en la cabeza. El ex subsecretario provincial de Derechos Humanos, Marcelo Salgado, fue golpeado en la cara y quedó inconsciente. El doctor Carrasco y un colega suyo se encerraron en un automóvil, donde fueron rodeados por personas que profirieron amenazas violentas y golpearon el vehículo durante dos horas. Miembros de la comunidad resultaron heridos y el equipo fotográfico de un periodista resultó dañado.
Miembros de la comunidad que fueron testigos del incidente han implicado a funcionarios locales en el ataque, así como a un productor de arroz local y a sus trabajadores y guardias de seguridad. Creen firmemente que la violencia fue promovida por ellos y estuvo motivada por los poderosos intereses económicos que hay detrás de la agroindustria local. A pesar de las llamadas a las autoridades locales para pedir ayuda, la policía se demoró en responder y no envió refuerzos suficientes para poner fin a la violencia.
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En abril de 2009, el doctor Andrés Carrasco concluyó el estudio que había llevado a cabo durante 15 meses sobre el impacto del glifosato, un herbicida usado habitualmente en los cultivos de soja y arroz. Sus conclusiones señalaban los efectos negativos del glifosato -en dosis muy inferiores a las utilizadas en la agroindustria- sobre la morfología de los embriones. Sus conclusiones provocaron una campaña hostil en los medios de comunicación destinada a menoscabar la legitimidad de sus conclusiones, y recibió amenazas anónimas.
Activistas, abogados y trabajadores de la salud de zonas de Argentina donde la agroindustria y la fumigación con glifosato están muy extendidos han comenzado a realizar sus propios estudios, y han registrado casos de malformaciones fetales y aumento de las tasas de cáncer en los hospitales locales. Hasta la fecha, las autoridades del Estado no han llevado a cabo ningún estudio epistemológico sobre estos fenómenos de los que se ha informado.
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EXIGE INMEDIATAMENTE a las autoridades argentinas que:
* Pidan una investigación imparcial de la violencia que tuvo lugar en La Leonesa el 7 de agosto y el procesamiento de todos los responsables, con especial atención a la posible implicación de las autoridades locales en lo referente a instigar o alentar la violencia y/o no prevenir ni poner fin a la violencia cometida por terceras partes;
* Pidan que se actúe sin demora para garantizar la seguridad de las personas que residen en La Leonesa y en las comunidades vecinas;
* Insten a las autoridades locales a proteger el derecho a la libertad de información y de expresión para que las comunidades que viven en zonas agroindustriales puedan buscar, recibir y divulgar información, incluso en foros públicos, acerca de los posibles efectos de la fumigación generalizada de los cultivos;
* Cuando existan pruebas creíbles en relación con el impacto negativo sobre la salud de la fumigación con sustancias agroquímicas, las autoridades responsables de la salud deben llevar a cabo acciones de vigilancia e investigaciones de conformidad con su responsabilidad de respetar el derecho a la salud.
Fuente: Amnistía Internacional