La norma, que no entró en vigencia porque aún no fue reglamentada es, según Uzal, un paquete de imposiciones que impedirían remodelar casas, cortar árboles y "una serie de permisos abstraídos" de la forma de vida histórica de los 9000 isleños y de quienes trabajan en la zona. Por eso, los manifestantes reclaman veto o derogación de esa ordenanza y el reemplazo por otra "que refleje los usos y costumbres tradicionales de los trabajadores de todos los rubros con la participación de los sectores sociales y productivos isleños".
Uzal explicó que la normativa en cuestión no fue consultada a los pobladores, sino apenas a 40 personas, en una encuesta.
El petitorio reclama la "inmediata suspensión de todas las clausuras a las obras y tareas tradicionales isleñas, y la derogación de cualquier multa o sanción al trabajo de la población isleña, no así a las de los grandes emprendimientos de barrios privados que son los únicos que afectan el medio ambiente y la sociabilidad isleña; un espacio de participación y gestión de la población isleña sobre todo lo concerniente al Plan de Manejo de islas y la gestión isleña del Puerto de Frutos, espacio donado por su original propietario para uso exclusivo de la comunidad de las islas". 
 
Fuente: Tiempo Argentino