El COFEMA genera un proyecto de Ley de Humedales sin participación social y que supone retrocesos respecto del texto consensuado en Diputados en 2020.
El pasado 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) anunció que se comenzaría a trabajar en un nuevo proyecto de ley de humedales “consensuado, con perspectiva federal y en diálogo con las ONG y los sectores productivo, científico y académico”(1) . Este 11 de julio, con motivo de una asamblea ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el ministro Cabandié anunció que se acordó en dicho seno un proyecto para ser presentado en el Parlamento que “constituye un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto … con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados … y esperamos que en el seno del Congreso Nacional la discusión tenga una impronta federal” (2) .
Como organizaciones socioambientales que seguimos desde hace más de una década el proceso de la Ley de Humedales, una norma clave para proteger ecosistemas esenciales para la vida, sostenemos que el proyecto de ley consensuado en el COFEMA no contó con la participación y aportes de organizaciones y actores de la sociedad civil, y que no nos representa. El 25 de abril junto, con otras organizaciones, enviamos nota al presidente del COFEMA (3) para solicitar de manera formal un espacio de participación en el marco del análisis de la Ley de Humedales que llevaría adelante el organismo que encabeza y así poder compartir nuestra visión y comentarios. No recibimos respuesta alguna. Esto no sorprende, ya que históricamente el COFEMA ha sido un espacio hermético. Tras décadas de existencia sigue sin habilitar un canal formal de participación ciudadana.
No queremos cualquier Ley de Humedales. Reiteramos nuestro apoyo al proyecto consensuado a través de un proceso abierto, transparente, colectivo, interinstitucional y multisectorial promovido por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados en 2020. Este texto fue nuevamente presentado el 2 de marzo pasado (Expte 0075-D-2022) y trae el andamiaje institucional, definiciones y herramientas necesarias para detener y revertir de manera efectiva la emergencia que atraviesan los humedales y protegerlos.
El proyecto de Ley de Humedales del COFEMA supone severos retrocesos en los niveles de protección que impulsa el texto unificado. Bajo el argumento de alcanzar un articulado más corto y sencillo, se cercena la sustancia del texto consensuado en Diputados, desdibuja el rol de liderazgo que debe tener el MAyDS en la implementación de la norma, favorece el involucramiento de los actores territoriales concentrados, y prioriza los intereses productivos de las provincias en desmedro de la conservación efectiva de los humedales, su valor intrínseco e integridad ecológica.
No respeta textualmente la definición de humedal acordada en el marco del Inventario Nacional de Humedales (INH). No establece plazos para la incorporación de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio (OAT) y la realización del INH, ni tampoco para su actualización. No incluye moratoria, prohibiciones expresas ni mayores exigencias para procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impactos Acumulativos. Elimina principios ambientales fundamentales como los de indubio pro natura, in dubio pro aqua, no regresión y resguardo jurídico ambiental. Minimiza los derechos de acceso a la información y participación. No incorpora los últimos estándares en la materia que trae el Acuerdo de Escazú ni tampoco el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas (Convenio OIT 169). Borra la agenda de derechos humanos vinculada a los humedales, invisibilizando a mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales urbanas y rurales, campesinas, tradicionales, productoras, isleñas, residentes permanentes y ribereñas.
Esto no sólo en materia de participación, sino también de posibilidades de obtener apoyo económico para sus acciones de conservación y uso sostenible. Por otro lado, incorpora lenguaje que favorece la financiarización y un enfoque antropocéntrico de los humedales, impulsa su “aprovechamiento” y propone “buenas prácticas productivas en humedales” sin definir qué se entiende por ello. Asimismo, elimina el deber de identificar los subsidios e incentivos que hoy se brindan y que son perjudiciales para los humedales, y redireccionarlos a su conservación y restauración.
Los incendios nuevamente se recrudecen en el Delta del Paraná y otras regiones del país, y así se vienen sosteniendo por meses y años, ante la total desidia de las autoridades competentes a todos los niveles. En 2022, solo en Corrientes, una de las provincias más ricas en estos ecosistemas, se quemaron más de 900.000 hectáreas. Pero la destrucción no se limita al fuego, cada día se profundizan las afectaciones a la biodiversidad y comunidades que habitan y dependen de los humedales para su subsistencia. La profundización del extractivismo como única opción para superar la reinante crisis económica y social, sigue siendo impulsada por nuestros Gobernantes, cortos de visión. Sin ecosistemas sanos no hay producción ni vida posible. Es urgente protegerlos y hacer efectiva la realización del derecho humano a gozar de un ambiente sano, digno y diverso, parte integral de un desarrollo humano justo y responsable, para las generaciones presentes y futuras, y sobre todo los sectores de la sociedad en mayor vulnerabilidad.
No hay más tiempo que perder. Sin ley no hay política de protección de humedales. La discusión debe darse en el Parlamento. El MAyDS debe enfocarse en sumar apoyos para hacer avanzar el texto unificado que espera ser aprobado en el Congreso Nacional desde 2020, en vez de seguir sumando divisiones y dilaciones con un nuevo articulado.
Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, otorgue de una vez por todas los giros a las Comisiones correspondientes que desde hace meses esperan ser activados. Impulse, junto con las presidencias de comisiones, un Plenario de Comisiones. El proceso legislativo de la Ley de Humedales necesita avanzar con la mayor celeridad posible y participación social. Necesitamos compromiso y decisión política en apoyo al proyecto consensuado por el Pueblo.
¡Ley de Humedales Ya!
*Julio de 2022, Cauce, Casa Río, FARN y Taller Ecologista