Desde las organizaciones Cauce, Casa Río, Fundación FARN y Taller Ecologista, integrantes del Programa “Humedales Sin Fronteras”, expresamos nuestra preocupación por la situación de vulnerabilidad que atraviesan las familias isleñas involucradas en un juicio de desalojo del Parque Nacional Islas de Santa Fe, iniciado por la Administración de Parques Nacionales (APN), y que a la fecha sigue sin tener una resolución satisfactoria para ellas.
En 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, la APN inició una causa judicial para desalojar a un grupo de familias que residían en el PN Islas de Santa Fe desde años antes de su creación. En 2019, tras el fallo de la justicia federal favorable a APN, uno de los pobladores fue expulsado por la fuerza y las restantes familias iniciaron una serie de reclamos con el fin de obtener una solución al conflicto.
Dos años después el problema sigue vigente y no se ha garantizado debidamente el derecho de los pobladores isleños a vivir y trabajar en su territorio. El día 3 de junio de 2021 venció el Convenio firmado entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Defensoría General de la Nación destinado a suspender el desalojo de las familias residentes en terrenos del PN Islas de Santa Fe, y por el cual la gestión actual de APN se comprometió a dar una solución el conflicto generado durante la administración anterior de Parques.
Como manifestáramos por nota a la APN en 2019 cuando se produjeron estos lamentables hechos, la medida de desalojo implica la directa vulneración de los derechos de pobladores tradicionales del Delta, para quienes las islas son territorio y medio de vida.
Asimismo este accionar desconoce procesos democráticos de toma de decisiones definidos en el PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) y contradice acuerdos alcanzados en el Plan de Manejo del Sitio Ramsar Delta del Paraná (integrado por el PN Islas de Santa Fe), que tiene como uno de sus principales objetivos “conservar el modo de vida isleño promoviendo una mejor calidad de vida para los pobladores, favoreciendo los modos de producción tradicionales y destacando sus prácticas y conocimientos”.
Del mismo modo, cercena acuerdos internacionales firmados por Argentina, al ignorar resoluciones adoptadas por la Convención Ramsar, que instan a las partes a salvaguardar los valores culturales de los humedales, los medios de vida que proporcionan y los derechos de las comunidades locales a participar en su gestión.
El sostenimiento de la medida de desalojo de parte de la APN, así como la falta de resolución del conflicto que somete a las familias a una prolongada situación de incertidumbre y vulnerabilidad social, no hacen más que agravar el problema.
Es preciso que los organismos intervinientes proporcionen una respuesta urgente y efectiva, de modo que cumplan con planes y acuerdos asumidos, y garanticen los derechos al trabajo, a la tierra y a una vida digna de la población del Delta del Paraná.
