Por Darío Aranda

La minería a cielo abierto, con grandes consumos de agua y uso de sustancias tóxicas, tuvo un freno en el norte del país: el municipio jujeño de Abra Pampa prohibió la actividad extractiva. Impulsado por el Consejo Departamental de Comunidades Kolla, que nuclea a 40 comunidades indígenas, el Concejo Deliberante había aprobado una ordenanza en noviembre pasado, pero el intendente Ariel Machaca vetó la norma. El jueves último, luego de la movilización de pueblos originarios y organizaciones ambientales, el intendente dio marcha atrás y puso en vigencia la ordenanza. Abra Pampa en un caso testigo de la minería: un estudio de la Universidad Nacional de Jujuy reveló en 2007 que el 81 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia de la actividad metalífera.

“Prohíbase la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización”, establece el primer artículo de la ordenanza número 51-CD-010. El artículo dos prohíbe el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, producción y transporte de sustancias tóxicas usadas en minería.

El proyecto de ordenanza había sido consensuado por las comunidades indígenas en julio de 2010. En agosto fue presentado en el Concejo Deliberante y el 30 de noviembre aprobado por unanimidad. Entre los numerosos argumentos legales citados sobresalen la Ley General del Ambiente (25.675), en particular el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información y certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente”.

También cita el artículo 41 de la Constitución nacional (hace referencia al derecho de un ambiente sano de los habitantes y las generaciones futuras, por sobre las actividades productivas) y el artículo 22 de la Constitución de Jujuy: “Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo”. En las cinco carillas se dejó constancia de los enormes consumos de agua (en una zona donde es un bien muy escaso) y se explicó que es una actividad que atenta contra la forma de vida indígena y campesina.

El 20 de diciembre, el intendente Machaca vetó la ordenanza. El principal argumento fue que el cuidado del ambiente corresponde a la provincia. Las comunidades indígenas llamaron a una nueva votación el jueves último, con el apoyo de los concejales. A minutos de comenzar la sesión fueron informados de que había sido suspendida. Allí decidieron marchar dos cuadras hasta la Intendencia.

Luego de seis horas de debates en el patio de la Municipalidad, el intendente dio marcha atrás con el decreto y promulgó la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. “Hay prueba de sobra de que la minería no trae ni trabajo ni mejoras económicas, y sí trae contaminación. Abra Pampa es una prueba irrefutable de todo eso”, explicó el presidente del Consejo de Comunidades Kolla, José Sajama.

Medios de comunicación de la provincia informaron que Machaca había denunciado a los manifestantes en la comisaría local, donde habría indicado que actuó bajo presión. El secretario de Gobierno de Abra Pampa y mano derecha de Machaca, Francisco Mamani, no confirmó ni desmintió el hecho. Explicó que “el único que hablará del tema es el intendente” y se comprometió a gestionar un contacto telefónico, que nunca se concretó.

Cuando Página/12 llamó a la intendencia, sus colaboradores explicaron que Machaca había viajado de urgencia a la capital provincial para reunirse con el gobernador Javier Barrionuevo, quien es un férreo impulsor de la minería a cielo abierto. Jujuy cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación, El Aguilar y Pirquitas, ambos denunciados por contaminación. En la zona de la Puna y la Quebrada se multiplicaron los proyectos de empresas extranjeras que pretenden extraer uranio y litio.

Abra Pampa es una localidad de trece mil habitantes en el norte provincial, a 3500 metros sobre el nivel del mar. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ’80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano quince mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta.

En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el diez por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas investigó la situación de la localidad jujeña en 2009. “La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos”, es una de las afirmaciones del informe “Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado”, donde la universidad estadounidense alerta sobre fallas en los organismos de control y denuncia que los intentos de remediación continúan siendo ineficientes.

Con la entrada en vigencia de la ordenanza, Abra Pampa se sumó a las localidades jujeñas de Tilcara, Cangrejillos y Huacalera, que ya tienen normas que prohíben la actividad. En Argentina existen siete provincias que limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba, aunque el lobby minero intenta modificar o derogar las leyes en Mendoza, Córdoba y Chubut. En el Congreso nacional esperan tres proyectos de ley para prohibir la minería a cielo abierto en toda la Argentina.

Fuente: Página/12