Este miércoles, un grupo de organizaciones ambientales de las tres provincias involucradas en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), manifestaron su preocupación por el avance de los endicamientos en la región del Delta del Paraná, afirmando en la nota que dicha situación “implica la pérdida y degradación de los humedales, impactando directamente en los medios de vida de la población local, y resultando en la pérdida de valiosos bienes y servicios ecosistémicos”.

En la nota elevada al Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná, las fundaciones Proteger (Santa Fe), Mbiguá (Paraná), Fundación Humedales / Wetlands International Argentina  (Buenos Aires), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Buenos Aires) y Taller Ecologista (Rosario), señalaron que, a pesar de saber que el PIECAS también comparte esta preocupación, y que entre sus objetivos está la elaboración de políticas que procuran conservar el Delta del Paraná, su estructura y sus funciones, “existe el riesgo que la efectiva aplicación de dichas políticas llegue demasiado tarde”.

“En un relevamiento de la Fundación Humedales / Wetlands International realizado durante el año 2010”, señala la nota, “se registró la presencia de 875 km de terraplenes y 202 áreas endicadas en la región del Delta del Paraná, correspondientes al 11,6% de su superficie. Desde entonces venimos observando un notable incremento en la superficie con endicamientos, sobre todo en el Delta Medio y Superior, los cuales en muchos casos son realizados de manera ilegal y sin los permisos correspondientes. En este sentido, las autoridades entrerrianas reconocieron recientemente la existencia de 24 nuevos endicamientos en su jurisdicción”.

A pesar de este reconocimiento de la situación, desde Fundación M’Biguá señalaron que “tanto el Ministro de la Producción de Entre Ríos, Roberto Schunk, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, no están cumpliendo con el ejercicios de sus competencias legales e incluso con los compromisos públicos de avanzar sobre esta situación”. Asimismo, explicaron, el Secretario de Ambiente de la provincia, Fernando Raffo, admitió hace meses que la construcción de terraplenes por parte de los productores era “una práctica habitual en gran parte del territorio que no estaba regulada”, pero la situación no se ha modificado.

En agosto, un conjunto de organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná presentaron en la legislatura entrerriana un proyecto para declarar “la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos”, con el fin de impedir el avance de endicamientos ilegales y el desmonte de bosques nativos en la islas de la provincia, hasta tanto se cumpla con el ordenamiento territorial necesario para preservar este ecosistema estratégico del Delta del Paraná. Tanto las medidas de intervención solicitadas al Ejecutivo como la iniciativa legislativa, siguen esperando a que las autoridades asuman la gravedad de la situación.