Esta situación -en tanto gran negocio- ha sido impulsada también por un fuerte lobby entre las cámaras empresariales de la construcción y algunos Colegios Profesionales. En el camino, las presiones de estos sectores lograron vulnerar derechos colectivos en diferentes instancias del proceso y, en particular, en la relacionada con el debate de modificación del Código Urbano del Área Central y el Primer Anillo Perimetral.
Resulta a la vez interesante y preocupante ver cual ha sido en este proceso el papel del Estado, quien se supone debe velar por el bien común, evaluar y regular la lógica de los negocios y planificar una ciudad para todos. En el debate del Código Urbano, el Estado Muncipal cedió a las presiones del lobby abriendo paso a un crecimiento incontrolado y desmedido para las posibilidades reales del área, crecimiento que se ve día a día incrementado a través de las excepciones convalidadas en el Concejo Municipal.
En el “Informe Final sobre los resultados de la Audiencia Pública” realizado en el 2007 por la Secretaría de Planeamiento en el marco del debate por el nuevo Código, se planteó que en el debate de la norma resultaban de otra índole temas como: transporte, infraestructura y servicios, escasez de espacios públicos, arbolado urbano, superficies permeables, uso racional de la energía, mitigación y adaptación al cambio climático. El ejecutivo municipal sostenía que la infraestructura y los servicios no eran temas a discutir en el marco de la modificación que consolidó el boom de la construcción en el área central, colapsando todos los servicios, hecho que es de público conocimiento por las dificultades y perjuicios sufridos por quienes habitan y visitan el área.
Pasado cierto tiempo, no mucho, en la actualidad donde es patente el colapso producido, desde los servicios de energía eléctrica, agua, transporte público, hasta el simple desplazamiento de las personas, nos preguntamos cómo es que aceptamos dejar afuera de la discusión del código constructivo a estos servicios esenciales, que son también la expresión de nuestros derechos.
Luego de la regulación de las construcciones en el Área Central y el Primer Anillo Perimetral, en estos momentos el negocio -y el problema- se han trasladado un poco más allá de los bulevares, a los barrios como Alberdi o Echesortu donde el tema aún no está regulado, y la propuesta de norma recién será presentada la semana próxima.
En esta situación nos parece totalmente lógico y prudente esperar a examinar la norma a presentar, para que los ciudadanos puedan opinar como corresponde. Sin embargo desde el gobierno se dice que lo correcto es seguir otorgando los permisos de demolición y construcción, ateniéndose “por ahora” a normas de 1967. Esto es, ni más ni menos que la política del hecho consumado, el edificio construido como una presencia imparable para los vecinos.
Creemos que debe primar la protección de los derechos de las personas que han elegido vivir en estos barrios, porque no sólo han elegido un lugar sino también una forma de vida, donde además del derecho de gozar de los servicios públicos mencionados arriba, no podemos olvidar el derecho al sol y al aire, a la privacidad y la tranquilidad de un barrio de casas bajas.
La arquitectura marca la vida de las personas como ninguna otra cosa. Cada edificio es una presencia permanente en la vida de la ciudad y su conjunto determina no sólo su paisaje, más aún, determina cómo vivimos, como nos desplazamos como y cuánta energía consumimos.
La construcción es una actividad que genera trabajo para muchas personas y eso debe ser tenido en cuenta. Pero también debe saberse que no hay una sola forma de construir la ciudad futura, y que, en todo caso, esta nueva ciudad no puede obedecer solamente a la lógica de los negocios, si de verdad queremos que sea nuestra ciudad soñada para vivir y no la planeada y construida por inversores que tal vez ni siquiera viven aquí.
