Al respecto Emilio Spataro, referente de Guardianes del Iberá e impulsor de uno de los proyectos junto organizaciones ambientales, detalló las diferencias entre el proyecto consensuado y el presentado por los grupos ecologistas litoraleños: “En el proyecto consensuado no se establecen actividades prohibidas o sancionables, pero se ordena a las provincias a que determinen y restrinjan actividades agrícolas o industriales en la zona”.

El proyecto, establece un fondo nacional para la protección de humedales naturales y artificiales, cuya transferencia de recursos a las provincias corre por la autoridad de aplicación, con el objetivo de que los estados provinciales realicen una categorización de los humedales presentes en su territorio.

Esto implica una transferencia de recursos a las provincias y la realización de un inventario nacional que establezca cuáles y dónde están los humedales argentinos. A la vez, el proyecto reivindica el uso tradicional que hacen las comunidades que habitan en esos espacios, puestas en el centro de la escena.

“Se incluyeron los humedales de origen artificial, porque se tomó la definición de la Convención Ramsar, de la que Argentina es signataria. Se trata de una medida importante, porque obliga a que las provincias reconozcan que tienen humedales que brindan servicios a la sociedad, y que establezcan qué categorías se le van a dar a esos humedales y que actividades se realizan en ellos. Hoy en corrientes al no haber nada establecido, se deja hacer”, remarcó Spataro.