Ante las propuestas de tratamiento de residuos que se evalúan en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y al viaje del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, a los Estados Unidos para visitar plantas de incineración, Greenpeace declaró que las tecnologías que se están considerando no han sido suficientemente probadas en el mundo y, en muchos casos, han generado riesgos para la salud y el medio ambiente.

“Nos preocupa que el intendente de la ciudad de Córdoba haya viajado a Estados Unidos para confirmar que su plan para gestionar residuos urbanos es la incineración. Se está proponiendo a la sociedad cordobesa una tecnología que no ha sido probada parar tratar la cantidad de residuos domiciliarios que genera por día la capital cordobesa. En Estados Unidos no hay plantas de gasificación, pirólisis o plasma que traten residuos domiciliarios a esa escala”, señaló Lorena Pujó, integrante de la campaña contra la Contaminación de Greenpeace.

La instalación de plantas similares a la que se prevé para Córdoba fue rechazada en países como Estados Unidos, Canadá y Alemania por falta de evidencias que demuestren las ventajas de estos sistemas. Además, como ejemplos recientes, en los últimos meses dejaron de funcionar plantas pilotos en Canadá y el Reino Unido, ya que se comprobó que estaban emitiendo sustancias tóxicas como dioxinas y furanos que afectan a la salud.

“En distintos países existen varios proyectos en estudio, plantas piloto y una intensa campaña por parte de empresas del sector a favor de este tipo de instalaciones, pero la mayor parte de los datos disponibles sobre las ventajas ha sido muy difícil de comprobar”, explicó Pujó. “La mayoría de las plantas de incineración con recuperación de energía, por ejemplo, en Europa, son convencionales, con los perjuicios al ambiente y la salud conocidos”, agregó.

Entre las supuestas ventajas de este tipo de tratamiento, se encontrarían la reducción de las emisiones de sustancias tóxicas, el aumento de la eficiencia energética que contribuye a reducir los gases de efecto invernadero, la reducción de costos, los índices de reciclado más altos y el impacto visual reducido. “Hasta el momento, nada de esto ha sido comprobado en la realidad, más allá de las promociones de las empresas”, aclaró Pujó.

En la actualidad pocas plantas operan comercialmente con residuos urbanos a gran escala, tal como se planea realizar en la capital cordobesa. En Japón se tratan poco más de 100 toneladas por día y en algunas plantas de Europa o Estados Unidos tratan, con tecnologías de pirólisis o gasificación, otro tipo de residuos o insumos como desechos forestales, petróleo o carbón. No hay plantas operando comercialmente con residuos sólidos urbanos (RSU) en Estados Unidos.

Muchas de estas plantas que trataban RSU no lograron superar la etapa de prueba o planta piloto debido a numerosos problemas operativos como explosiones, interrupciones de los sistemas; filtración de gases, corrosión y agrietamientos. A esto se sumó que las emisiones de sustancias tóxicas estaban por encima de los compromisos de las empresas o de los niveles permitidos por la legislación; la eficiencia energética era baja, los costos eran altos y había un fuerte rechazo por parte de las comunidades.

En Argentina, diversos proyectos de incineración fueron frenados debido a que los estudios confirmaron que este proceso emite sustancias tóxicas persistentes al ambiente que afectan la salud; tiene baja eficiencia en términos de recuperación de energía, libera Gases de Efecto Invernadero (GEI) y compite con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos.

“La gestión de los residuos municipales debe pensarse en el mediano y largo plazo, adoptando modelos que no afecten el ambiente y la salud de la población. La incineración convencional o por etapas no es la solución a las necesidades energéticas ni a los problemas actuales de gestión de residuos, ya sean basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios”, concluyó Pujó.

Para Greenpeace, la solución adecuada en términos sociales, ambientales y económicos, es la formulación de políticas y la implementación de programas de Basura Cero, que apuntan a lograr la reducción y el reciclado de residuos. A esto se debe sumar la sanción de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que determina la responsabilidad de los fabricantes e importadores de diversos productos en todas las etapas de producción hasta el final de su vida útil e impulsa el ecodiseño y el reciclado.

Fuente: Greenpeace Argentina