La apertura de un nuevo proceso licitatorio para la Hidrovía Paraguay-Paraná en Argentina, en mayo de este año, ha traído nuevamente al debate social una buena cantidad de preocupaciones, colocando otra vez en cuestión a una vía navegable que funciona desde la década del ‘90.

En 1995 se otorgó en concesión las obras de dragado y balizamiento por peajes para el Tramo Santa Fe-Oceáno, previéndose un órgano de control que nunca se hizo efectivo, a pesar de ser solicitado en reiteradas oportunidades por la Auditoría General de la Nación. No obstante este incumplimiento y las falencias de los estudios y evaluaciones de los impactos ambientales, la Hidrovía continuó ampliándose. Hoy hablamos de sus impactos -desafortunadamente- en medio de los hechos consumados.

En los años ‘90, uno de los aspectos que los organismos financiadores indicaron debía incluirse en tales estudios eran los impactos “territoriales” de esta infraestructura. Se trata de impactos indirectos, que se manifiestan en el territorio de manera compleja y diversa, puntual o en lapsos variables de tiempo.

De modo general podemos sintetizarlos, por un lado, en impactos vinculados a desequilibrios ecosistémicos, y por el otro, impactos en las poblaciones humanas, relativos a la distribución de la tierra y los bienes, a sus modos de vida y a la salud, tanto en áreas rurales como urbanas.

Aquí nos interesa mencionar aquellos derivados del modelo agroindustrial implantado en los años ‘90, ya que la Hidrovía es sinónimo de exportación de granos y derivados. El 81 por ciento del volumen de las exportaciones agrícolas de Argentina circulan por la vía navegable Troncal Santa Fe-Océano.

Estudios recientes realizados en bosques subtropicales del país concluyen que el uso intensivo del suelo dedicado a la agroindustria conlleva a la pérdida sustancial de sus funciones ecosistémicas, reduciendo las capacidades de dichos ecosistemas para la regulación climática, la polinización y la regulación de inundaciones. A esto se suma la utilización de herbicidas, que se encuentra asociado al aumento de los niveles de nitrógeno y fósforo en varias cuencas fluviales de Sudamérica, con efectos nocivos en la biodiversidad acuática.

Por otra parte, existe numerosa y documentada evidencia sobre los graves impactos que genera el uso de herbicidas en la salud humana, y que alcanzan principalmente a poblaciones rurales, periurbanas y de mayor pobreza.

Además de ser un problema ecológico y sanitario, la industria agroalimentaria constituye un problema de orden social. La concentración y el acaparamiento de tierras, el desplazamiento de cultivos de menor escala (frutales, hortícolas) y de las actividades pecuarias tradicionales, la alta tecnologización de la producción agrícola, han provocado el desplazamiento forzado de poblaciones rurales, campesinas e indígenas, desposeídas de sus medios de vida.

En las zonas urbanas también se verifican diversos impactos, como es el caso del “cordón industrial” del Gran Rosario, polo sojero de nivel internacional donde los pobladores de las localidades costeras deben convivir en medio de la contaminación por tóxicos utilizados en las diversas industrias, por el polvillo del cereal, el congestionamiento del tránsito producto de las actividades de descarga y almacenamiento, la pérdida de barrios y la privatización continua de las riberas por el avance permanente de las empresas exportadoras. Ya en 2007 un estudio financiado por el Consejo Federal de Inversiones concluyó que la zona era de “alta vulnerabilidad ambiental”, producto de la instalación de enclaves industriales y portuarios.

Este tipo de impactos territoriales asociados a la Hidrovía no fueron contemplados por las evaluaciones oficiales hasta la fecha. Sin embargo, sus consecuencias en las poblaciones y los territorios son de gran magnitud, y por su complejidad y diversidad, requieren aproximaciones integrales y de carácter interdisciplinar.

Ante el nuevo panorama planteado por el proceso licitatorio y la intención de ampliar la Hidrovía, con las evidentes repercusiones en los territorios productores y procesadores de materias primas, una vez más consideramos que es ineludible la realización de evaluaciones ambientales que contemplen este tipo de impactos a la hora de pensar en una profundización de la vía navegable.

Estos estudios deben realizarse a través de procesos plurales, transparentes e imparciales, guiados por la idoneidad científica y el compromiso social. Además, la gravedad de tales impactos exige la participación social de las comunidades en tales procesos, así como en torno a las decisiones sobre las obras a realizarse.

*Nota publicada en la Agencia de Noticias Tierra Viva