La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer la resolución favorable de la medida cautelar solicitada en el caso “Equística Defensa del Medio Ambiente Asociación Civil” que promovió un amparo contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional. Las organizaciones FARN, Fundación CAUCE, Casa Río y Taller Ecologista (integrantes del programa Humedales sin Fronteras) celebramos esta decisión que pone en evidencia que la inacción de las autoridades durante doce años ha llevado a la situación de emergencia que hoy padecen nuestros ecosistemas.
Haciéndose eco del grave daño ambiental que los incendios vienen provocando en el Delta del Paraná, así como las afecciones generadas en la salud de las poblaciones de ciudades como Rosario, los jueces del Máximo Tribunal del país resolvieron “(…) Disponer como medida cautelar que las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y los Municipios de Victoria y Rosario, constituyan, de manera inmediata, un Comité de Emergencia Ambiental (dentro de la estructura federal concertada del PIECAS-DP), que tenga por objeto la ‘Contingencia descripta.(…)”
Celebramos esta decisión (anunciada el 11 de agosto) que a través de sus considerandos pone en evidencia que la inacción de las autoridades durante doce años ha llevado a la situación de emergencia que hoy padecen nuestros ecosistemas. Y ello así, por la falta de decisión y ejecución de los planes participativamente construidos, desde la suscripción de la Carta de Intención y de la constitución del Comité de Alto Nivel en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la región del Delta del Paraná.
Además, la Corte indica la importancia de preservar este valioso ecosistema, brindando un extenso catálogo de normas de la Constitución Nacional y de presupuestos mínimos de protección que así lo establecen, detallando principalmente la última norma sancionada referida al cambio climático.
Valoramos la decisión en relación a la labor proactiva de los jueces y esperamos que se cumpla en los plazos y en los términos indicados con las medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en la región, en los términos de la ley 26.562. Pues de esta manera se estará velando no sólo por la salud de las poblaciones y ecosistemas presentes sino también por las generaciones que vendrán.
Esta decisión de la Corte, además de brindar un marco para promover soluciones para el Delta, pedido que se viene haciendo hace meses desde las organizaciones de la sociedad civil, es también un llamado al Congreso Nacional para que dicte una ley que permita institucionalizar el PIECAS así como sancionar una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales. Del mismo modo, para las Provincias, que sancionen oportunamente las leyes que la complementen.
Foto: Eduardo Bodiño
