La ONG Taller Ecologista mantuvo una reunión con el subsecretario de Planeamiento de Rosario, Pablo Florio, para discutir el proyecto de ordenanza solar que la organización impulsa junto a otras dependencias del Ejecutivo. Lejos de avanzar hacia una política de ciudad alineada con la emergencia climática, la conversación dejó en evidencia una mirada limitada y orientada al mercado, que preocupa por provenir de un área clave en la definición del modelo urbano. El encuentro expuso tensiones entre la visión de ciudad impulsada por el municipio y la necesidad de incorporar criterios socioambientales en la planificación urbana.

Integrantes del área de Soberanía Energética del Taller Ecologista mantuvieron una reunión con el subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, para discutir el proyecto de ordenanza solar que la organización viene impulsando desde 2022. La conversación, lejos de avanzar hacia una política de ciudad alineada con la emergencia climática, dejó en evidencia una mirada limitada y orientada al mercado, que preocupa por provenir de un área clave en la definición del modelo urbano.

Según relataron miembros del Taller Ecologista, el funcionario, entre los temas, expresó que los departamentos que incorporen energía solar “no pueden venderse más caros en el mercado” como si ese fuese un punto clave de la discusión. El comentario fue realizado tras explicarse que los sistemas fotovoltaicos representan alrededor del 0,8% de la inversión total del inmueble que se mostró en la presentación. Además, el subsecretario cuestionó la conveniencia técnica de instalar paneles solares, señalando erróneamente que su vida útil sería de apenas 10 años, cuando las certificaciones internacionales garantizan su funcionamiento por más de 25 años y la experiencia local supera ya una década de operación exitosa.

Estas afirmaciones, entre otras, revelan una visión desactualizada frente a las políticas climáticas globales y a la realidad tecnológica actual. “El problema no es el desconocimiento técnico del funcionario público, sino la falta de voluntad política para incorporar la transición energética justa dentro de la planificación urbana”, comentaron desde el Taller Ecologista.

El proyecto de ordenanza solar tiene una larga historia en Rosario. Su primera versión data de 2005, cuando se proponía que tanto el sector público como el privado incorporaran sistemas solares térmicos. Sin embargo, tras una fuerte presión del sector de la construcción, la normativa finalmente aprobada en 2011 limitó la obligación sólo al sector público. Casi quince años después, la discusión vuelve a abrirse. El proyecto actual propone extender la obligación al ámbito privado, iniciando por los edificios de mayor superficie, con una implementación gradual y escalonada que permita acompañar a los pequeños desarrolladores. El objetivo no es penalizar, sino estimular una transición urbana equitativa y progresiva, donde todos los actores puedan adaptarse.

Hace más de veinte años que el municipio organiza charlas, talleres y debates sobre la crisis climática y las posibles medidas de mitigación. Sin embargo, esas instancias rara vez (nunca) se traducen en políticas públicas concretas. El discurso del compromiso ambiental convive con decisiones urbanas que benefician a sectores concentrados, y el caso del actual subsecretario de Planeamiento, no es una excepción.

Aunque el área de Planeamiento no tiene competencia directa sobre la política energética, sí define los criterios que moldean el desarrollo urbano. Por eso resulta llamativo que en ningún momento de la reunión se consultó sobre los impactos ambientales, los beneficios sociales o las oportunidades laborales que implican la adopción de tecnologías solares. El debate quedó restringido a las dificultades que la tecnología podría traer a los desarrolladores inmobiliarios, como si en lugar de una oficina pública se tratara de una mesa de desarrolladores privados.

Paradójicamente, el Ejecutivo municipal aprobó hace pocos meses una ordenanza que habilita la construcción de torres de hasta 120 metros de altura, una medida que beneficia directamente al sector inmobiliario, al cual pertenece el propio subsecretario de planeamiento. El contraste entre la celeridad con que se aprueban proyectos de alta rentabilidad privada y la postergación de políticas con objetivos socioambientales habla de un modelo de ciudad que sigue priorizando la renta por sobre el bien común.

Desde Taller Ecologista se reconoce que la transición energética plantea desafíos técnicos y económicos, pero también se insiste en que el costo de no actuar será mucho mayor. El Plan Local de Acción Climática del Municipio, el cual fue desconocido por el subsecretario al momento de nombrarse en la reunión, establece como meta para 2030 la incorporación de energía solar térmica y fotovoltaica, y menciona expresamente el proyecto de ordenanza que se puso sobre la mesa, como una herramienta clave. Sin embargo, su tratamiento lleva años de demora.

La energía solar no solo puede reducir emisiones y mejorar la eficiencia del sistema urbano: también tiene el potencial de generar trabajo local, fortalecer cadenas productivas regionales (se recuerda que la única firma que fabricaba termotanque solares en la ciudad cerró su empresa luego de asumir Milei) y promover la inclusión social a través de políticas de acceso equitativo a la energía. Incorporar la dimensión energética en la planificación urbana permitiría diseñar programas que ayuden a mitigar la pobreza energética que atraviesan amplios sectores de la ciudad, ampliando las oportunidades laborales y mejorando la calidad de vida en los barrios.

Otro de los puntos presentados en la reunión -realizada el 9 de octubre de 2025- fue que la Ordenanza Solar que actualmente está trabada en la comisión de planeamiento del HCD se articula con los lineamientos de la Ley Provincial N.º 13.903 sobre Etiquetado de Eficiencia Energética en Inmuebles. En la actualidad, la mayoría de los inmuebles que cumplen con los requerimientos de la Ordenanza municipal 8.757 alcanzan una etiqueta de eficiencia “C” en el marco de la ley provincial. La implementación de sistemas solares tal cual lo exige la nueva ordenanza permitiría que esos mismos inmuebles asciendan a la etiqueta “A”, el nivel más alto de eficiencia, al sustituir parcialmente la energía convencional por energía solar renovable.

“Las decisiones sobre el modelo urbano de Rosario no pueden seguir definiéndose de espaldas al clima y a la ciudadanía. La energía debe ser un derecho y una responsabilidad colectiva, no una mercancía regulada por el mercado inmobiliario”, señaló un integrante del Taller.

El encuentro con el municipio dejó un sabor amargo, pero también una certeza: la disputa por el futuro energético de Rosario no se juega solo en los cables y paneles, sino en el sentido político que le damos a la ciudad.

Pie de imagen: El Subsecretario de planeamiento de la municipalidad de Rosario figura como desarrollador inmobiliario en la página web de su empresa.