En las últimos años la región pampeana, viene sufriendo los impactos crecientes de inundaciones cada vez recurrentes. En los últimos meses, basta con revisar las crónicas periodísticas para ver la magnitud de estos fenómenos. La ecología como ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos (incluido el ser humano) con su ambiente, tiene algo que decir al respecto, sobre todo con el aporte de otras disciplinas y enfoques que se han desarrollado en las últimas décadas: el pensamiento complejo, el enfoque de sistemas, la ciencia pos-normal entre otros.
 
Se puede decir que el sur de Santa Fe pertenece a la eco-región pampeana y está compuesto por una serie de ecosistemas (sistemas socio-ecológicos) que incluyen: enormes pastizales (hoy ya casi desaparecidos), lagunas, humedales y cursos de agua, con sus respectivas cuencas.
 
Los ecosistemas originales (hoy transformados en agroecosistemas) con su estructura y función prestan lo que hoy se denominan servicios ambientales, algunos muy evidentes como son los de carácter productivo (de ellos provienen, la soja, la carne, etc) y otros menos visibles pero igual de importantes y que no tienen precio en el mercado, pero cuya afectación tiene un enorme costo para la sociedad: la vegetación natural (ya sean los bosques en el norte o los pastizales en el sur) además de producir el oxigeno vital, para la vida, y hábitat de cientos de especies, tienen una enorme capacidad de retención de agua, es decir nos protegen contra las inundaciones, regulan el ciclo hidrológico.
 
Este servicio ambiental hoy está en nuestra región muy afectado por dos factores centrales: el crecimiento urbano no planificado y el modelo productivo de carácter agroindustrial de crecientes y evidentes impactos socio-ambientales. La compactación de suelos y la eliminación de la vegetación natural y la alteración de las vías naturales de escurrimiento son los impactos más evidentes (pero no los únicos, podemos nombrar la contaminación por el uso de agrotóxicos, el despoblamiento del campo, la simplificación del paisaje y la disminución de la biodiversidad, son otros).
 
Los desafíos. Frente a estos cambios en las relaciones ambiente y sociedad surge la pregunta sobre qué medidas son necesarias tomar.
 
Es necesario remarcar que nos estamos enfrentando a cambios globales y riesgos multiescalares y multidimensionales: el cambio climático global ya es una realidad (más allá de que algunos discutan las causas, parece irrefutable que las actividades humanas tienen mucho que ver con el mismo), a su vez hay condicionantes históricos, económicos, socio-culturales y ambientales que determinan nuestras acciones y condiciones, como sociedad nacional y como región. Algunos de estos condicionantes externos, influyen en la política económica y agropecuaria, evidente en el modelo productivo basado en el monocultivo de soja y las retenciones que generan recursos para el Estado, con claros impactos en el territorio. Este modelo debería discutirse amplia y profundamente a nivel nacional, provincial, regional y municipal.
 
Acciones planificadas. La planificación participativa del desarrollo territorial surge en estos momentos como una herramienta y una necesidad más que evidente, y debe comenzar a implementarse sin más dilaciones. Ahora bien, participativa implica, que no quede solo en manos de funcionarios ni científicos (que obviamente deben tener un rol importante), sino que se convoque también a distintas instituciones, actores de la sociedad civil, movimientos sociales; y como condición fundamental, debiera trascender las cuestiones electorales y los cuatro años de los periodos de una gestión.
 
Debe permitir salirse de las acciones de coyuntura: un dirigente recientemente electo planteaba en estos días “en Arequito le pedían a la provincia que conecten el canal con el Carcarañá”. Nada más improvisado que esto, llevar más agua al Carcarañá solo agravará el problema aguas abajo, como viene sucediendo con la serie de canales clandestinos que se han hecho sin control en las últimas décadas (esta práctica debe ser ejemplarmente sancionada).
 
Hay que decir que el agua dulce es un bien escaso en gran parte del planeta, o sea que pensar en hacerla correr lo más rápido posible hacia las zonas más bajas y perderla, está visto que no es la solución adecuada y más racional.
 
La planificación del desarrollo territorial implicaría entre otras medidas: el ordenamiento del crecimiento urbano, disponer en donde se puede construir y en donde no, crear espacios de barreras forestales, de preservación o reintroducción de la vegetación originaria, zonas periurbanas de producción agroecológica diversificada y sin uso de agrotóxicos, protección y reforestación de las cuencas hídricas, forestación de las banquinas de rutas provinciales y nacionales, restauración y protección de lagunas y humedales, (eventual implementación de reservorios de agua por regiones) incentivación de la diversificación productiva, y una política clara de promoción de producción agropecuaria sustentable, entre otras: los municipios tienen un rol central en la concreción de algunas de estas medidas.
 
La Universidad puede y debe hacer un aporte en este sentido, más allá de acciones de algunos docentes e investigadores que ya están trabajando en estas temáticas, como parte del compromiso de la Universidad pública con la sociedad.

* Por Eduardo Spiaggi. integrante del área Humedales de Taller Ecologista, Docente de Cs. Veterinarias (UNR), Director del Observatorio del Sur. Nota publicada en La Capital, 22/08/2015