¿De qué se trata el aumento tarifario?
En noviembre del 2008, mediante un decreto nacional, se estableció el incremento de las tarifas de gas. El mismo responde a la creación de un fondo fiduciario que permita poder disminuir los cuantiosos subsidios que solventan las importaciones de gas. Esto está asociado a que en realidad el precio interno del gas es inferior a los precios a los cuales se importa.

Ante la crisis económica, que afecta la ecuación de la balanza fiscal y comercial, el gobierno dispuso menos fondos para sostener los subsidios.

En términos relativos el precio de gas natural para clientes residenciales en Argentina es comparativamente el más bajo de la región. Basta comparar el precio antes del aumento con lo que se paga en otros países.  Por ejemplo, la tarifa (en U$S/m3) en nuestro país era 13,8 veces inferior al promedio mundial, y 17,6 veces al promedio del Mercosur, Bolivia y Chile. Incluso, era la mitad de la tarifa de Bolivia, país reconocido como gran productor y con grandes reservas.

También la tarifa industrial era muy inferior a la de otros países, por ejemplo la correspondiente a grandes usuarios era 4 veces menor al promedio internacional.

Estos datos reflejan una política de precios energéticos que ha tenido diversas consecuencias, entre las que podemos mencionar una evidente ventaja relativa para la industria, que puede utilizar gas a precios comparativamente ínfimos sostenido desde los subsidios.

Esto conforma un esquema energético a nivel país de promoción del uso del gas natural, política, sostenida desde hace varias décadas, que ha llevado a que el gas natural represente más del 51% de la energía primaria que consumimos y que una parte menor aún, pero creciente, sea importado. Esto es una verdadera dependencia energética.

Para muchos esta política no ha sido desacertada cuando el volumen de reservas con el que se contaba era importante. Sin embargo, luego de las privatizaciones de las empresas dedicadas a su extracción-producción, las escasas inversiones efectuadas en exploración y el gran consumo producido, aquellas reservas han caído notoriamente, más del 40% entre 2001 y 2007.

Esta situación lleva el consumo a picos aproximados de 140 millones de m3 por día en invierno. Para cubrirlo se importa gas desde Bolivia.  El año pasado, al no poder cubrir este país la cuota comprometida, se debió importar gas licuado a un precio mayor.

En este marco, el gobierno implementó una reestructuración, que implica un incremento del precio del m3  -que se paga a las empresas productoras en boca de pozo- y un fondo para cubrir el costo de las importaciones. Si bien estas medidas intentan en teoría afectar básicamente a los usuarios de mayores consumos (entendiendo que esto implica mayor poder adquisitivo, o sea las categorías R3 1º en adelante), se parte de consumos básicos hogareños; es decir, los que se alcanzan fácilmente teniendo una cocina, calefón y una estufa en casa. La afectación llegará ahora, a los que consuman más de 1000 m3 anuales, aunque este año ese mínimo se ha llevado a 1500 m3 anuales entre los meses de mayo y septiembre, calculados de manera móvil, contando los cinco bimestres anteriores al actual.   Se trata éste de un nivel de consumo básico familiar, no suntuario.

Pareciera ser que la intención del gobierno es comenzar a nivelar de algún modo los precios locales con los internacionales.

Con un horizonte de reservas de menos de 9 años Argentina marcha a ser importador neto, y por lo tanto a pagar precios internacionales. En este nuevo esquema energético, el gas seguramente ya no será barato.

Si bien estas medidas son aplicadas por el gobierno actual, es necesario decir que la política energética que ha causado esta situación no es reciente. En todo caso la responsabilidad de este gobierno ha sido no cambiar el rumbo. La promoción del uso de gas natural y otros combustibles fósiles, intensivamente y no sólo a nivel residencial, también en la industria y el transporte, viene ya desde hace bastantes años. Tampoco la oposición muestra alternativas distintas, ya que incluso los documentos difundidos, por ejemplo el de los ocho ex secretarios de energía sobre esta temática, no abordaban soluciones diferentes a la planteada por el gobierno.

Está claro que la política energética argentina, desde hace bastantes años, ha sido promover el uso del gas hasta hacernos dependientes de él y necesitar importarlo para cubrir nuestras necesidades. Ahora se trata de ver quién pagará por esta importación.

En definitiva, se trata de una política de subsidios que instauró una matriz energética inviable no sólo por las reservas existentes sino porque nos configura como uno de los mayores emisores per cápita de gases de efecto invernadero del continente.

Esta lógica de pensamiento no puede llevarnos más que a una profundización del esquema de dependencia energética e incrementar nuestra responsabilidad frente al cambio climático.
Estas políticas energéticas crean la idea de que los insumos son baratos y de esa manera genera un desarrollo de infraestructura excesivamente dependiente de los mismos. Por ejemplo, nadie se plantea para qué gastar en aislaciones o en mejores procesos de construcción si el gas es barato.

Por dónde deberían pasar los caminos para una solución
El gas como otros bienes energéticos no debería ser una mercancía sino un derecho que garantice una buena calidad de vida. Se debe garantizar que toda la población disponga en condiciones dignas estos recursos, tanto en posibilidad de acceso y precio. Por encima de todo se debe garantizar que los sectores de menores recursos (que inclusive en su mayoría no acceden al gas de redes) no tengan un incremento en sus gastos energéticos.

Sin embargo, se debe iniciar un cambio en la matriz energética, buscar el modo de reemplazar el uso de gas por otra fuente de energía, siguiendo un camino que ya han iniciado muchos otros países hace unos cuantos años.

Esto tiene que ver con el desarrollo de políticas nacionales pero también locales, provinciales y municipales. Entre los puntos más importantes a tener en cuenta se asocia con:
– Establecer esquemas de subsidios sobre fuentes de energías renovables.- Rever los usos industriales del gas en función de la realidad de las reservas.
– Avanzar en la modificación de códigos urbanos y reglamentos de edificación de manera de incentivar e impulsar cambios en este sentido.

– Establecer al Estado en todos sus niveles como ejemplificador en estas políticas.
Existen en el país, en la provincia y en Rosario tanto leyes aprobadas como proyectos de fomento de energías renovables que duermen en cajones esperando que sean aplicadas e impulsadas.

Para que la importación de gas no sea la única alternativa a futuro hace falta cambiar la actitud del estado, para que no parezca que lo único que se hace es seguir el tradicional esquema de consumo y encontrar quién pague la cuenta del gas.

Finalmente, es necesario pensar realmente cuánto cuesta y cuánto vale el gas. Las miradas tradicionales se manejan con él como si fuera una mercancía más.

En muy pocos años más habremos consumido todo el gas que hay en Argentina. ¿Cuál es el precio de algo que desaparecerá para siempre? ¿Con qué derecho dejamos a las futuras generaciones sin este recurso? ¿Cuál es el costo para el ambiente de haberlo utilizado e incrementar el calentamiento global? En fin las cuentas no parecen tan sencillas.

* Integrantes del Área Energía de Taller Ecologista y docentes de la UTN Facultad Regional Rosario

Más información:
Para poder calcular el costo aproximado de la factura con aumento, para quienes aun no la hayan recibido, puede ingresar a aquí