Luego de ser rechazado el proyecto minero ‘San Jorge’, en la localidad mendocina de Uspallata, los directivos de la empresa lanzaron un ataque contra las organizaciones que han resistido su instalación. En ese marco Eduardo Sosa fue demandado por haber expresado su opinión, al publicar una carta abierta. La organización Oikos, que encabeza, ha mantenido una histórica lucha no sólo contra las mineras, sino también ha resistido fuertemente los intentos de YPF y el gobierno provincial de extraer hidrocarburos de la Reserva Natural provincial Llancanelo.
Pero no es sólo la provincia de Mendoza la que sacrifica áreas protegidas de la provincia en pos de la profundización del modelo extractivista; Neuquén es otro triste ejemplo a tener en cuenta. Desde hace meses los trabajadores de la Dirección de Áreas Protegidas se encuentran luchando frente a la avanzada petrolera sobre Auca Mahuida. Los informes técnicos elevados por ellos demostraron graves incongruencias y errores en los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la petrolera francesa Total, previos a la perforación de un pozo para extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales dentro de la reserva natural. A pesar de esto, el gobierno neuquino otorgó el permiso a la empresa Total, marcando un repudiable e inédito antecedente a nivel global de aplicación de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en un área natural protegida. Cabe aclarar que esta forma de extraer hidrocarburos no sólo está prohibida en Francia y otros países, sino que encuentra amplia resistencia en distintas partes de la Argentina.
En tiempos donde el gobierno nacional y las autoridades provinciales despliegan su arsenal para que la minera Vale no abandone el proyecto Potasio Río Colorado, los justos reclamos del pueblo son acallados y reprimidos. Las medidas aleccionadoras se acompañan de la apertura de amplias zonas a merced de empresas, incompatibles con el bienestar sanitario y ambiental de las poblaciones. En definitiva, la creación de ‘zonas liberadas’ para el avance corporativo por parte del Estado no es una excepción sino una regla donde las bases de democracia y soberanía popular son puestas en jaque.
Reivindicamos la resistencia y la soberanía popular como justo y emancipador ejercicio del pueblo.
Reivindicamos el derecho humano a la libertad de opinión y expresión sin que por este motivo seamos blancos de judicialización, represión o cualquier otra forma de criminalización.
Reivindicamos la solidaridad y acudimos a ella para multiplicar este mensaje. Alentamos la difusión de las voces de Eduardo Sosa y los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Áreas Protegidas para frenar estos atropellos.
