El 28 de agosto, el Presidente de la Nación Alberto Fernández, anunció públicamente desde Puerto San Martín una serie de cambios respecto de la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay.
La anunciada “federalización” implica que en esta nueva etapa la Hidrovía estará administrada por el Estado, incluyendo la participación de las provincias por partes iguales. Esto significa que los gobiernos tendrán a su cargo la planificación de las obras a realizar para el acondicionamiento y mantenimiento de la vía fluvial, así como de la navegación comercial.
Desde sus inicios el desarrollo de la Hidrovía ha exigido adaptar los territorios y los ríos a las necesidades de sus “usuarios”, principalmente los grandes actores del sistema agroalimentario regional y mundial, generando modificaciones ecológico-territoriales e impactos socioambientales directos e indirectos.
En esta nueva etapa que se abre, es necesario que los Estados nacional y provinciales incluyan en la planificación de la Hidrovía las intervenciones que ponen en riesgo a los sistemas fluviales y los territorios asociados, y que apuesten a democratizar la toma de decisión, incluyendo otras visiones que respeten sus características ecológicas, resguarden la biodiversidad y aseguren el bienestar y la salud de sus poblaciones.
