En el marco de la primera reunión plenaria del Consejo Federal Hidrovía, Taller Ecologista, Fundación Cauce y Fundación Humedales, las cuales vienen realizando un seguimiento y análisis en torno a las políticas públicas sobre el tema, dieron a conocer a través de una nota, los puntos fundamentales de su posición como organizaciones. Resaltaron la importancia de asegurar la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información, así como la necesidad de conformar un Órgano de Control en miras de la nueva etapa de concesión de una de las infraestructuras más importantes de la región, y en pos de respetar y garantizar los derechos de las comunidades, lxs ciudadanxs y la naturaleza.
La reunión -convocada por el Ministerio de Transporte de la Nación- tuvo lugar este lunes 22 de febrero, contó con la participación de los actores formales que integran el Consejo Federal (funcionarios nacionales y provinciales) y de autoridades municipales, empresariales y de asociaciones profesionales. Al encuentro también fueron invitadas numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Taller Ecologista, Fundación Cauce y Fundación Humedales.
“Hemos advertido un déficit en los mecanismos de acceso ciudadano a la información pública ambiental, y una ausencia de instancias de participación de la sociedad civil en la planificación y control de ejecución de obras y planes de gestión. En pos del cumplimiento de las normas ambientales vigentes solicitamos a las autoridades competentes que integran este Consejo arbitren los medios para asegurar la participación activa e informada de la ciudadanía en el proceso que se inicia”, señalaron, avalados en el largo trabajo de seguimiento y análisis que vienen realizando en torno a las políticas públicas sobre el tema.
Participación ciudadana y acceso a la información
Entre los puntos centrales de la nota enviada a los integrantes del Consejo Federal de la Hidrovía se solicita que “se informe de manera oportuna, veraz y completa sobre todos los procedimientos de planificación, proyección, ejecución y control de obras e infraestructura en general previstos para la futura administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay luego del vencimiento del contrato de concesión vigente”.
También, que se garantice plenamente el acceso a la información pública relativa a los efectos o impactos ambientales registrados y potenciales de la Hidrovía Paraná-Paraguay y todos los proyectos y obras asociadas a ella; “principalmente estudios de prefactibilidad, estudios de impacto ambiental, estudios de impactos acumulativos, planes de gestión y procedimientos de seguimiento y evaluación. Así como su publicación actualizada en un sitio web que permita acceder a toda la información de relevancia, expresada de forma clara y concisa, a los fines de promover la participación y garantizar la transparencia en las acciones del Estado y las empresas contratistas”. En ese sentido requieren que efectivamente se cumpla con la realización de estudios y evaluaciones de los impactos sociales y ambientales de la Hidrovía.
Mecanismos de consulta pública
En cuanto a la efectiva participación ciudadana, las organizaciones instaron a “que se definan y concreten instancias de consulta pública según lo dispone el marco legal vigente y las mejores prácticas en la materia existentes a nivel nacional y regional, donde se invite a participar a toda aquella persona, profesional, académico/a o institución pública o privada interesada, logrando pluralidad de actores a fin de obtener una visión integral respecto de los procesos y decisiones a tomar en el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, previa entrega de la información pública ambiental correspondiente”.
Por otro lado requirieron que “se constituya un Órgano de Control de la concesión, previsto en la licitación de 1993-1995 y solicitado en reiteradas oportunidades por la Auditoría General de la Nación (AGN) a fin de velar por el interés público”, señalando que dicho organismo deberá asegurar una representación y participación plural de la ciudadanía, y no sólo de los usuarios de la Hidrovía comercial, debiendo a su vez instaurarse como un órgano que promueva instancias de monitoreo comunitario y/o veedurías de los avances de obra y de la aplicación de los planes de gestión ambiental.
“Finalmente, pretendemos reafirmar nuestra posición y resaltamos la importancia de asegurar la transparencia y debida diligencia que se necesita en el accionar de las autoridades, en sus distintos niveles, para que esta nueva etapa de concesión de una de las infraestructuras más importantes de la región, tanto por su injerencia en las economías regionales, como por la magnitud de sus impactos sociales y ambientales, permita considerar, respetar y garantizar los derechos de las comunidades, lxs ciudadanxs y, principalmente de la naturaleza, en pos de un futuro más promisorio”, señalaron con contundencia.
Más sobre la hidrovía
Se conoce como Hidrovía Paraguay-Paraná a la ruta navegable que recorre 3442 km. desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay), que fue puesta en marcha en la década del ´90. El objetivo de su implementación fue garantizar la navegación continua durante todo el año de grandes buques destinados a la exportación de cereales y derivados, oleaginosas, y en menor medida, minerales y otros productos primarios a los centros de producción global.
Por su concepción netamente mercantilista, el desarrollo de esta vía navegable ha exigido que los ríos y los territorios se adapten a las necesidades de los grandes actores del sistema agroalimentario regional y mundial, con consecuencias socioecológicas relevantes.
En Argentina, la Hidrovía puede considerarse soporte y expresión del modelo agroexportador, y está dirigida principalmente a empresas usuarias como grandes astilleros, empresas de construcción, logística, transporte y exportación de cereales y oleaginosas, entre otras.
