A través del reciente Decreto Nº 591/2019, firmado por el Presidente Mauricio Macri, Argentina quedará a merced de la certificación de “mercadería-residuo” realizada en el país de origen y de la empresa que es receptora de esos residuos. El decreto a su vez es muy general en cuanto a la referencia de las sustancias que no podrían ingresar. Aún en el mejor de los escenarios, se pone en riesgo el trabajo de los cartoneros que hoy son los principales proveedores de materiales reciclados para la industria. Desde la Coalición Ciudadana Anti-incineración (de la que forma parte Taller Ecologista) solicitamos su derogación, recordando una vez más, que es necesaria la promulgación de una ley que efectivamente proteja al país del ingreso de cualquier tipo de residuo. “Resulta muy sugestiva la aparición de esta medida cuando el panorama mundial sobre este tema, va en sentido opuesto, y es proteccionista”.

El decreto Nº 591/2019 habilita la importación de residuos con la condición de que estén valorizados, pasando a ser denominados “mercadería”. Según el decreto, el residuo se valoriza cuando pasa por operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento, cumpliendo criterios técnicos; entonces dejaría de ser residuo para volverse mercadería, convirtiéndose en insumo, materia prima o producto, que según el artículo 2, pasa a ser tratado como sustancia u objeto. Este decreto actualiza a su par 181/1992 que regulaba sobre los residuos pero nada decía sobre valorización.

Resulta muy sugestiva la aparición de esta actualización cuando el panorama mundial en relación a la importación de residuos, especialmente sobre los plásticos, es proteccionista. Esto sucede a partir de los estrictos controles que rigen desde 2018 en China, que busca disminuir y seleccionar el ingreso de residuos. Luego de la decisión de ese país sobre su política ambiental y comercial, la necesidad de controlar y poner un freno a este tipo de importación se trasladó inmediatamente a otros países asiáticos como Tailandia, Vietnam, Malasia y Filipinas.

Con el nuevo decreto, Argentina queda a merced de una legal certificación de la “mercadería-residuo” realizada en el país de origen y queda también a merced de la empresa que es receptora de esos residuos. El decreto es muy general al momento de hacer referencia a las sustancias que no podrían ingresar. Al tratarse de un negocio, si el país de origen gana dinero y/o se desprende de residuos, poco le van a importar los controles que se haga en el país que los reciba. Bien se sabe sobre el doble estándar que existe en el mundo, más allá del Convenio de Basilea que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos han sido denunciados por la calidad de los residuos que envían a otros países. Y en Argentina, con este decreto, nos enfrentamos a igual riesgo.

Caso testigo, devolución de “plásticos reciclables”

Es ilustrativo el ejemplo filipino: entre 2013 y 2014 Canadá envió contenedores a Filipinas con documentación que señalaba que contenían plásticos reciclables. Sin embargo, en su interior había pañales usados, botellas, basura electrónica, claramente incumpliendo el convenio de Basilea. Después de seis años de litigio, los contenedores volvieron a Canadá en junio de 2019.

Situación de los residuos en Argentina

El tema de los residuos, pone en evidencia la ausencia de políticas eficientes tanto en lo referente a residuos sólidos urbanos como a los residuos peligrosos. Numerosos estudios demuestran que una correcta separación en origen, con recolección puerta a puerta, hace posible el reciclado y el compostaje de la mayor parte, procesos que no debiesen perder de vista la urgente necesidad de modificar los modos de producción y consumo. Gracias a la actividad realizada por los cartoneros y cartoneras, es posible recuperar una buena parte, pero aún falta mucho. Importar residuos carece completamente de sentido cuando en el país en torno al 90% de nuestros residuos terminan en basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios. Inclusive en el escenario en que se importen residuos que efectivamente se recuperen, esto carece de sentido desde el pounto de vista ambiental y pone en riesgo, por añadidura, los ingresos de los cartoneros.

Es necesario desalentar el ingreso de residuos de todo tipo, especialmente plásticos, al país, a la vez que avanzar en legislación sobre Responsabilidad Extendida del Productor, en particular sobre envases y residuos electrónicos.

La Coalición Ciudadana Antiincineración sabe y ha denunciado que en las provincias como Córdoba y Santa Fe, con legislaciones laxas que permiten el ingreso de residuos peligrosos de otras provincias, hay ausencia de controles en fuentes de emisiones de dioxinas y furanos, como son las cementeras y los hornos incineradores de residuos peligrosos. Asimismo, preocupa la ausencia de estudios epidemiológicos que deberían llevar adelante el propio gobierno nacional, al ser el nuestro, uno de los países signatarios del Convenio de Estocolmo. Los antecedentes de la incineración en nuestro territorio son nefastos, y nada garantiza que el destino de lo importado que anuncia este nuevo Decreto no sea justamente ese.

Derogación del decreto

Desde la Coalición Ciudadana Antiincineración solicitamos la derogación del decreto, porque habilita la importación de residuos de otros países, generando grandes riesgos ambientales, sociales y económicos. Recordamos, una vez más, que es necesaria la promulgación de una ley que real y seriamente proteja al país del ingreso de cualquier tipo de residuos.

Asimismo, son necesarias políticas responsables, serias y sostenibles en el tiempo de Basura Cero en todo el territorio nacional, que promuevan la reducción del consumo y los productos de un solo uso, a la vez que reduzcan la generación de residuos y maximicen el reciclaje y el compostaje, integrando a los cartoneros y cartoneras.