El problema es que dicho dinero se donaría si y solo si se aprueba en el Concejo Deliberante una ordenanza que modifique una zonificación en beneficio de la empresa.

Lisa y llanamente esto es la compra por parte de la empresa de un permiso de contaminación en una zona urbana utilizando una necesidad social y sanitaria como son las cloacas.

Es indispensable una reacción rápida del estado municipal y provincial (ya que para rezonificar hay que tener estudio de impacto ambiental) asumiendo el rol que les corresponde como planificadores y ejecutores sin extorsiones de las obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Lorenzo en este caso.

Este ejemplo escandaloso es recurrente en nuestra zona a partir de los acuerdos público-privados en los cuales los gobiernos ceden derechos comunes de los habitantes como terrenos, calidad de aire, calidad de vida a cambio de dinero o especies que les permitan cumplir con sus obligaciones.

De esta manera en realidad sin analizar el costo y los impactos de estas entregas se presenta a las empresas como benefactoras del bien común y a los gobiernos como inauguradores de obras. Pero ningún funcionario de gobierno evalúa el patrimonio común entregado a cambio y los impactos que esto genera, sólo lo hacen los vecinos comprometidos con la vida.