Desde Taller Ecologista trabajamos alrededor del proyecto unificado de la Ley de Educación Provincial sumando fundamentos al capítulo de educación ambiental. Dicho proyecto -con media sanción de la Cámara de Diputados y aún pendiente en Senadores- establece que la educación debe ser pública, gratuita, laica, universal e inclusiva en todos los niveles. Compartimos el análisis realizado desde el área «Educación Socioambiental».

Desde el Taller Ecologista hemos asistido en setiembre de 2018 a la presentación de un Proyecto Unificado en el que confluyen las iniciativas legislativas de los Diputados Provinciales Alejandro Boscarol (U.C.R.), Rubén Giustiniani – Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Verónica Benas (PARES), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Patricia Chialvo – Silvia Simoncini (Frente para la Victoria), orientadas a la sanción de una Ley Provincial de Educación. Tuvimos con anterioridad la oportunidad de analizar los proyectos de cada uno de los bloques, frente al vacío que representa la ausencia de una normativa educativa provincial, a más de diez años de la sanción de la Ley de Educación Nacional (2006).

A este proyecto se sumó, hacia el cierre del año, el Proyecto de Ley del Frente Progresista Cívico y Social. Y, a posteriori, un nuevo proyecto derivado del consenso entre los dos mencionados. Puesto a consideración de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, este último obtuvo dictamen favorable en fecha 4 de julio del corriente año.

El Proyecto de Ley N° 33962 califica a la educación como derecho social y bien público, garantizado por el Estado. Los derechos sociales son promotores de dignidad, de una equitativa distribución de oportunidades, entre ellas, la de acceso a ese caudaloso bien colectivo que es el conocimiento.

Deteniéndonos en sucesivos puntos del texto del actual proyecto, nos interesa estimar en qué habilita el mismo a la perspectiva de una necesaria educación en ambiente. En clave de derecho, se alude a la construcción de pensamiento complejo, al diálogo intergeneracional, a la calidad de vida. Ligamos estos enunciados a la posibilidad de acercamiento al entorno, de reconstrucción de la red de problemas socio – ambientales locales; es así como se puede arribar no sólo a la comprensión, sino también a la generación de un vínculo de apego, de arraigo. Y la escuela es un ámbito sustantivamente orientado a este propósito.

Al abordaje de la complejidad de estos entramados próximos y de su inscripción en problemáticas globales, deberían sumarse:

– la revisión de los modelos productivos (agrícola, ganadero e industrial), y la incidencia de los mismos sobre los ecosistemas urbanos, periurbanos y rurales

– la concepción de transversalidad de la cuestión ambiental y, consecuentemente, de la educación en ambiente; así debería expresarse, en un futuro cercano, en los diseños curriculares correspondientes a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Entre los Fines y Objetivos de la normativa propuesta se establece el de “formar la conciencia ambiental y promover el cuidado de los bienes comunes”, como así también el de “fortalecer el desarrollo socio – productivo territorial”. A estos propósitos se suma la intención de “desarrollar políticas de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial para favorecer la construcción de redes de trabajo”. Para involucrar a la escuela en esta línea de acción la política educativa provincial deberá asignar un lugar de relevancia a la capacitación docente en educación ambiental, según los parámetros de calidad, continuidad, gratuidad y encuadre en servicio también consignados en el texto del proyecto.

Entre los “Contenidos asociados a derechos” encontramos un capítulo destinado a educación ambiental que promueve una arquitectura sustentable en materia de infraestructura escolar. Nos parece estratégico ampliar esta visión, poniendo esta intención en términos de mejoramiento de la gestión ambiental de la escuela. Cabe recordar que la Ley Provincial N° 13055/09, más conocida como “Basura Cero”, escasamente cumplimentada, adhiere en su capítulo de “Educación y Difusión” a este posicionamiento. La continuidad de lo vivido, de lo pautado y sostenido en comunidad, seguramente tiene un poder de impronta muy superior al del modelo discursivo: la Educación Ambiental no puede ser concebida sino como praxis…

Nos parece de un interesante potencial la propuesta de institucionalización progresiva de espacios extracurriculares de vida en la naturaleza y la iniciativa de sostenimiento de plantas campamentiles, pudiendo éstas constituirse en un escenario muy propicio para el desarrollo de acciones de capacitación ambiental de estudiantes, docentes y otros actores de las comunidades educativas.

En cuanto a la mención a un Laboratorio Santafesino de Políticas Educativas, alentamos su creación, por cuanto la transversalidad de la cuestión ambiental requiere de la invención de propuestas educativas innovadoras, como así también de la difusión de experiencias. La visión de la institución educativa como “unidad pedagógica, organizativa, administrativa y social”, estrechamente vinculada al entorno, invita a la autoría en el tejido de nuevos posibles.

Por último, una apuesta alta de este proyecto está dada por la promoción de participación en el gobierno de la educación a través de tres instancias: Consejos Escolares, Foros Educativos Regionales y Consejo Provincial de Educación. Como educadores/as ambientales, vemos en estos dispositivos el potencial para diseñar “mapas” de conflicto, “mapas” de oportunidad…, avanzando en la construcción de cultura de concertación para la acción en torno de los problemas socio–ambientales de cada comunidad.

Nuestra visión

La Educación Ambiental dista de ser una mera nota de actualización en los sistemas educativos: por tener como propósito la construcción de ciudadanía ambiental, en sus dimensiones local y global, debe ser visualizada como un componente fundamental en propuestas educativas del siglo XXI.

Si como afirma el biólogo y filósofo Humberto Maturana, la educación es “transformación en la convivencia”, de lo que se trata es de construir colectivamente ámbitos experienciales en y de los que fluya el diálogo democrático y el compromiso con el cuidado de la vida. Luego, lo deseable es que en próximas discusiones acerca de qué ley de educación requerimos en Santa Fe para orientarnos hacia transformaciones necesarias -en las prácticas escolares, en los entornos comunitarios-, se articulen las ideas más potentes que hasta el momento hayan tenido lugar, y las que emerjan en próximos debates.

En el Manifiesto por la Vida (2002) se califica a la crisis ambiental como una crisis de civilización. La misma no podría, por ello, dejar de interpelar a la escuela, como institución afín al modelado de una ética del bien común y de los bienes comunes.

Dice Castoriadis: “Llamo autónoma a una sociedad que no sólo sabe explícitamente que ha creado sus leyes, sino que se ha instituido a fin de liberar su imaginario y de poder alterar sus instituciones por intermedio de su propia actividad reflexiva y deliberativa. Y llamo política a la actividad lúcida que tiene por objetos la institución de una sociedad autónoma y las decisiones relativas a las empresas colectivas”.

Avanzar en esta dirección representa el enorme desafío cultural, político y pedagógico que una normativa de la envergadura de una Ley Provincial de Educación, debe encarar y acompañar con el más profundo interés.

  • Nota producida por el área «Educación Socioambiental». Publicada en la edición Nº 60 de la revista ECONCEJO